Bitácora del director

Por Pascal Beltrán del Río

Sin pruebas ni castigo

Con el objetivo explícito de combatir la corrupción, el presidente Andrés Manuel López Obrador la ha emprendido contra instituciones, leyes y programas heredados por su gobierno.

El problema es que, al hacerlo, casi nunca ha pasado del enunciado a las evidencias ni mucho menos a la presentación de denuncias contra los presuntos responsables a fin de que éstos sean castigados. Vayamos a sus propios dichos:

Sobre las estancias infantiles: “Era mucho el abuso y la corrupción. Supuestamente, se destinaban recursos para apoyar a la gente y ese dinero, esos apoyos, no llegaban, se quedaban en el camino o cuando llegaban se entregaba poco, porque había moche, había piquete de ojo”, (3/IV/2019).

Sobre el aeropuerto de Texcoco: “Era una obra costosísima, faraónica, movida fundamentalmente por intereses particulares, por la corrupción, el querer apoderarse de los terrenos del actual aeropuerto, (que) iban a convertir en una especie de Santa Fe, todo un negocio inmobiliario”, (17/X/2019).

Sobre la compra y distribución de medicinas: “Era un jugoso negocio que se hacía al amparo del poder público y también a costa del sufrimiento de la gente (…) No sólo se compraban caros los medicamentos, sino de mala calidad, a veces adulterados, había gente que perdía la vida por recibir medicamentos echados a perder. Entonces, era mucho el daño que se ocasionaba por la corrupción”, (20/VII/2021).

Sobre los fideicomisos públicos extinguidos: “Existían estos organismos como el Fonden, que era un barril sin fondo, porque (cuando) había una emergencia como la de Tula, entonces un grupo de proveedores cercanos a la Secretaría de Gobernación vendían sin licitación, despensas, catres, cobijas, palas, carretillas, todo a precios elevadísimos. En cada emergencia se robaban mil, dos mil, tres mil, cinco mil millones de pesos”, (8/IX/2021).

Sobre la industria eléctrica: “En el marco de la política neoliberal se inició la privatización de la industria eléctrica y esto se fue profundizando al grado que las empresas particulares, sobre todo extranjeras, lograron contratos jugosísimos, hicieron negocios a costa de los mexicanos”, (26/III/2021).

Ninguna de estas denuncias públicas de López Obrador ha sido respaldada por datos. Si hubo corrupción en esas áreas del gobierno, en sexenios anteriores, no hemos sabido quiénes son los presuntos responsables ni se ha procedido contra ellos. En ocasiones ha habido el compromiso presidencial de mostrar las evidencias –como en el caso de los fideicomisos–, pero no se ha hecho. La corrupción a la que se refiere sigue impune.

En los casos en los que sí se ha señalado a personas y presentado denuncias, el mandatario se ha anticipado a declararlas culpables sin que el juicio se haya iniciado y, obvio, sin sentencia de un juez. Por ejemplo, con motivo de los cargos presentados contra quienes han sido señalados por Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien, luego de ser extraditado desde España, se convirtió en testigo colaborador.

Lozoya señaló al exsenador Jorge Luis Lavalle –quien actualmente está en la cárcel–, así como al excandidato presidencial, Ricardo Anaya, y al exdirector de Pemex, Carlos Treviño. Luego de más de un año, sus dichos no han dado lugar a otros procesos penales. A diferencia de Lozoya, quien ha gozado de libertad condicionada, Rosario Robles lleva dos años en prisión, acusada de omisión en el caso de la llamada Estafa Maestra. El encarcelamiento de la exsecretaria de Desarrollo Social –que pronto podría ser revertido mediante un amparo– se concretó mediante la presentación de una licencia de manejo falsa que un juez aceptó como evidencia.

El gobierno también ha presentado denuncias contra 31 científicos, por supuestas malversaciones en el ámbito de Conacyt, pero el Poder Judicial las ha bloqueado reiteradamente.

Con ese palmarés, el presidente López Obrador busca que el Congreso apruebe una reforma constitucional para, a decir suyo, evitar la corrupción en la industria eléctrica, y viajará a la ONU, el mes entrante, para hablar ante el Consejo de Seguridad sobre los daños que produce este mal.

Pero en esas dos tareas carga con la foto de Lozoya disfrutando de su libertad condicional en un lujoso restaurante y con el pesado fardo de aún no haber logrado evidenciar ni castigar la corrupción.

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