Diputados aprueban en lo general reforma eléctrica de AMLO; discuten reservas

Con 304 votos a favor, 179 en contra y cuatro abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el proyecto de reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, pero legisladores de la oposición y del bloque mayoritario reservaron la totalidad de los artículos para su discusión en lo particular.

Así, tras cuatro horas y media de debate, solo quedaron aprobados el encabezado, el nombre del decreto y el apartado de firmas del dictamen, mientras el resto del proyecto será discutido en las próximas horas, precisó la diputada presidenta Dulce María Sauri.

Al comienzo de la sesión, medio centenar de diputados de Morena y PT se manifestaron en la tribuna con mantas y pancartas en respaldo a la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ello, a contrapelo del protocolo sanitario y las medidas de sana distancia para reducir el riesgo de contagios por covid-19.

El proyecto de reformas a la Ley de la Industria Eléctrica que, entre otros aspectos, prevé dar prioridad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre los generadores privados para “alimentar” el sistema eléctrico nacional.

De acuerdo con el dictamen, el nuevo orden de prelación para el despacho de las centrales eléctricas sería, en primer lugar, para las plantas hidroeléctricas de la CFE, seguidas por la nuclear, geotérmicas, de ciclo combinado y termoeléctricas, dejando en tercer sitio a las eólicas y solares de inversionistas privados, mientras las plantas de ciclos combinados de particulares quedarían hasta el final.

La reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador establece además la obligación de la Comisión Reguladora de Energía para invalidar los permisos de autoabastecimiento obtenidos, en su caso, mediante “fraude a la ley”.

A su vez, los Contratos de Compromiso de Capacidad de Generación de Energía Eléctrica y Compraventa de Energía Eléctrica suscritos con productores independientes “deberán ser revisados a fin de garantizar su legalidad y el cumplimiento del requisito de rentabilidad para el gobierno federal”.

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