Número cero

Por José Buendía Hegewisch

La 4T se atora en redes sociales

El presidente López Obrador y su contagio de covid desataron mensajes de odio en las redes sociales, los cuales, con veneno y ponzoña, hacían referencia a la muerte del mandatario. Un cardiólogo recomendó un mal tratamiento para provocarle una trombosis, en una incitación violenta en el contexto de la actual polarización. La Sociedad Europea de Cardiología lo separó de su agrupación por infringir sus pautas de ética y Twitter suspendió su cuenta temporalmente. El caso es elocuente del mayor desafío de las democracias para establecer límites a las “benditas redes” y frenar el extremismo político.
La secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, y otros funcionarios de la 4T, como Claudia Sheinbaum, condenaron las expresiones “mezquinas y horribles” que desean o esperan que una persona muera. En el Senado, como ha adelantado Ricardo Monreal, se prepara una legislación para regular las redes, pero el foco de su preocupación no está puesto en evitar que florezca el extremismo ideológico, sino en impedir que figuras políticas puedan ser silenciadas por Twitter, Facebook o Instagram, como sucedió con Trump en el asalto al Capitolio. Entonces, López Obrador destacó que la violencia no puede ser motivo para censurar la libertad de expresión, a pesar de la señal de fracaso de la democracia para controlar el odio en las redes.
La iniciativa que se cocina en el Senado tiene la mirada puesta en asegurar que el micrófono presidencial se mantenga prendido en las elecciones de 2021, bajo el argumento de la defensa de la libertad de expresión frente a las empresas tecnológicas. El interés jurídico de ésta privilegia al poder político para expresarse sin limitaciones, a diferencia de otros países que buscan supervisar los contenidos en la red para detener apologías de la violencia y discursos extremistas que inducen a su estallido, incluidas las autoridades.
La regulación del fenómeno, sin duda, es de los mayores retos para el edificio legal que sostiene a las democracias. Pero nunca la protección o ampliación de derechos, como la libertad de expresión, ha tomado el camino de eliminar controles al poder público porque esa garantía la ejercen históricamente los ciudadanos frente al Estado. Pocas dudas hay de las asimetrías y el abismo de recursos púbicos del gobierno para manipular la comunicación política o controlar la agenda de debate público en comparación con el ciudadano común, aunque es cierta la amenaza que representa el poder de las redes para silenciar personajes públicos. Pero es un tema distinto.
El control de la opinión por empresas tecnológicas globales tiene contra la pared a los Estados nacionales; sus plataformas han servido como incubadoras de odio y teorías de conspiración, tanto como instrumentos de líderes políticos para dividir y polarizar. En EU han tratado de proteger la libertad de expresión con sanciones a prácticas monopólicas en las redes. La Unión Europea busca obligarlas a vigilar y retirar mensajes antidemocráticos. Y en México el mayor esfuerzo es el de los convenios del INE con Facebook o Twitter en las últimas elecciones para fiscalizar recursos de campañas y retirar contenidos prohibidos.
Todo de buena voluntad y común acuerdo, hasta ahora que el gobierno ve amenazas para su estrategia en redes en los próximos comicios. López Obrador ha advertido que creará su propia red. Pero los recursos de ley a su alcance son limitados para intervenir en empresas privadas que ofrecen un servicio con reglas que los usuarios aceptan por contrato. También es difícil encontrar mecanismos como el amparo contra abusos a la libertad de expresión en favor de la ciudadanía, mucho menos para las autoridades. Hay, en efecto, un enorme vacío legal sobre la forma de operar de las empresas tecnológicas y la distorsión de los derechos humanos, pero en otros países la respuesta ha sido llamar a proteger la democracia, y no la libertad irrestricta de liderazgos personales y sus estrategias para conservar el poder. ¿Qué dirección tomaremos en México en la batalla por el Congreso de 2021? ¿Las empresas tecnológicas aplicarán las mismas prácticas que en otras elecciones, como la de EU, para reducir el impacto de mensajes de odio y manipulación política? La iniciativa que prepara el Senado dará luz del sentido que tomará la discusión y la forma de entrar a resolver uno de los mayores retos de nuestro tiempo: el poder de las redes sociales sobre los ciudadanos y los Estados.

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