Bitácora del director

Por Pascal Beltrán del Río

¿Libertad?

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido en que la libertad es muy importante.

De lo que no estoy seguro es qué significado tiene ese concepto para él.

Veamos:

El lunes pasado, la Comisión Federal de Competencia (Cofece) envió un exhorto a las secretarías de Energía y Economía para no emitir un anteproyecto que dificultaría la compra de combustibles al exterior por parte de privados.

La Cofece opinó que “de emitirse, el anteproyecto dificultaría seriamente la libre competencia en la comercialización de petrolíferos y afectaría la posibilidad de los consumidores de acceder a más opciones de suministro y los mejores precios posibles”.

Y es que el documento plantea modificar la temporalidad de los permisos de importación para que en lugar de 20 años duren solamente cinco.

Imagine una empresa gasolinera que desea importar combustible de Texas para venderla en sus estaciones de servicio en México. Eso supone invertir en logística y terminales de almacenamiento, lo cual no sería redituable si el permiso se extingue al cabo de cinco años. Es evidente que tal incertidumbre en el futuro del negocio desincentivaría la importación y dejaría a los gasolineros a merced de Pemex, la única empresa que puede producir combustible en México y limitaría las posibilidades de elección del consumidor. Por si fuera poco, también busca restringir los volúmenes de importación.

Para ponerlo en palabras de la Cofece, el anteproyecto “reafirma en el mediano plazo la posición dominante de Pemex”.

Si el gobierno realmente respetara la libertad, daría a los consumidores opciones para escoger qué marca de combustible usar en su auto. Si quisiera, podría concentrarse en mejorar las gasolinas que produce Pemex y esforzarse en dar un buen servicio, de modo que los automovilistas siempre prefirieran esa marca.

Pero no. El gobierno le tiene miedo a la competencia y quiere acabar con ella. Quiere suprimir la libertad de elección porque sabe que el modelo de negocio de Pemex no puede competir con la eficiencia de otras empresas.

Tampoco es muestra de libertad el condenar a la libre empresa a morir de inanición. Este gobierno quiere controlar el mercado y modelarlo a su conveniencia, en lugar de crear un terreno parejo en el que las más aptas e innovadoras sean las que salgan adelante, con lo cual –nuevamente– se beneficiarían los consumidores y el país en su conjunto, con mejores productos y precios más accesibles.

Pero no. En plena pandemia, y en medio de la peor contracción económica desde 1932, el gobierno castiga a las pequeñas y medianas empresas de la economía formal –las que generan el mayor porcentaje del PIB y el mayor número de empleos registrados ante el IMSS– subiendo el salario mínimo, sin consenso con el sector privado, lo que seguramente matará a cientos de miles de negocios.

Tampoco es libertad no asumir el papel que debiera tener el gobierno en materia sanitaria. Proclamar “prohibido prohibir” en medio de una crisis de salud pública que ya ha matado a casi 120 mil personas (en cifras oficiales) es condenar a los mexicanos a infectar e infectarse. Es rehusarse a realizar –por incompetencia o desidia– el trabajo de control sanitario que le toca.

Y, por último, presumir como “derecho de réplica” que el jefe del Estado mexicano pueda usar su tribuna para atacar a los medios y a los periodistas que realizan el trabajo que les toca –es decir, vigilar que el ejercicio del poder se lleve a cabo con base en el interés colectivo y con apego a las leyes– tampoco es libertad, sino simple abuso del poder.

Para ser verdaderamente libre, el ciudadano no debe estar sometido a un amo ni dejado a su suerte para enfrentar las condiciones que crea el poderoso con sus decisiones u omisiones.

El Presidente puede poner canciones en sus mañaneras –como ayer lo hizo con una de Joan Manuel Serrat– y adornarlas con frases célebres, pero mientras su aspiración sea la de concentrar poder y beneficiar únicamente a quienes le son incondicionales o a quienes tienen sometida su voluntad por estar atados a un programa social, no estará promoviendo un régimen de libertades.

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