Juegos de poder

Por Leo Zuckermann

El poder de los militares en México

¿Quién está, hoy en día, fiscalizando, controlando y limitando el poder de las Fuerzas Armadas en México?
Lo que más me preocupa del sexenio actual no es el mal manejo de la pandemia por covid-19, la caída de la economía por pésimas decisiones gubernamentales o la progresiva polarización social promovida desde el púlpito presidencial. No. Lo que más me preocupa es la creciente militarización del país.
Nunca, que yo recuerde, el Ejército y la Marina habían tenido tanto poder como hoy tienen en México.
Es algo que nunca prometió López Obrador en sus tres campañas presidenciales. Por el contrario, su postura era regresar a las Fuerzas Armadas a sus cuarteles de donde el presidente Calderón las había sacado para resolver el problema de la inseguridad pública.
No obstante, después de que ganó la elección en 2018, la postura de AMLO cambió radicalmente. En lugar de quitarles la responsabilidad de la seguridad pública, la incrementó con la creación de la Guardia Nacional que, supuestamente, sería civil, pero acabó siendo, en los hechos, militar.
Además, a las Fuerzas Armadas les ha encargado la construcción y administración del nuevo aeropuerto de Santa Lucía, así como la edificación del Parque Ecológico Lago de Texcoco, un nuevo aeropuerto en Tulum, dos mil 700 sucursales del Banco del Bienestar y algunos tramos del Tren Maya. Les solicitó la remodelación de 32 hospitales que quedaron inconclusos en sexenios pasados y coadyuvar en la distribución de gasolinas y medicinas en todo el país. Asimismo, la tarea de evitar el paso de migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos, así como el apoyo para ciertos programas sociales, como Sembrando Vida.
Crecientemente, los militares están sustituyendo a los civiles en múltiples tareas del gobierno federal.
¿Le conviene esto al país?
Yo creo que no por una convicción personal: no me gustan los gobiernos militares.
Quizá sean más eficaces, pero aquí entra el eterno problema que puso sobre la mesa el poeta Juvenal: “Quis custodiet ipsos custodes?”. Traducción: “¿quién vigila a los vigilantes?”.
En este caso, ¿quién está, hoy en día, fiscalizando, controlando y limitando el poder de las Fuerzas Armadas en México?
Se dirá que un civil, es decir, su jefe, el Presidente de la República.
Pero aquí viene a colación otro cambio de postura de Andrés Manuel López Obrador.
Cuando detuvieron en Estados Unidos al general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional durante todo el sexenio de Peña, el presidente López Obrador la presentó como una prueba más de la corrupción de los gobiernos pasados, “de la decadencia del régimen que afortunadamente ya está por acabarse”. Advirtió que, como en el caso de Genaro García Luna, se retirarían de sus cargos a todos los funcionarios que habían colaborado con el inculpado. No tomó en cuenta que todos los mandos actuales del Ejército, de alguna u otra manera, habían colaborado con Cienfuegos en su calidad de exsecretario de la Defensa.
Pocas horas después, la posición del Presidente comenzó a cambiar. Primero, matizó lo de la limpia en el Ejército. Luego, se mostró indignado porque Estados Unidos no avisó al gobierno de México sobre la detención de Cienfuegos. Posteriormente, operó, junto con el canciller Ebrard, para regresarlo a México, cosa que, increíblemente, logró.
No hay que ser ningún genio para saber que detrás de los dichos y hechos de AMLO estuvo la fuerte presión que ejercieron las Fuerzas Armadas sobre su jefe civil. Utilizaron y enseñaron el gran músculo político que tienen. Lograron algo sin precedente: que el procurador de otro país desistiera de perseguir judicialmente a una persona que llevaban años investigando.
Regreso, entonces, a la pregunta: ¿quién vigila a los militares en México? Recordemos que estamos hablando de los servidores públicos que tienen el mayor poder de todos, es decir, el de las armas.
Claramente, el presidente López Obrador no. Ante la presión que ejerció el Ejército sobre su jefe civil, éste cambió su postura e hizo todo lo posible para que los estadunidenses soltaran al exsecretario de la Defensa.
Imaginemos que Estados Unidos hubiera arrestado a un expresidente de la República en lugar de a un exsecretario de la Defensa Nacional. ¿Habría movilizado el gobierno de México todos sus recursos para que la fiscalía estadunidense se desistiera de perseguirlo y lo regresaran a territorio nacional?

Comparte la noticia en:

laprensamonclova_46f5ls

Read Previous

Opinión

Read Next

Bitácora del director