Ley Olimpia, lo que falta… Por Natalia Rebolledo y Staff

CIUDAD DE MÉXICO.-La violencia digital en México sigue afectando a las mujeres con casos de impunidad y omisiones de las autoridades, pese a que existe una “Ley Olimpia” en 25 estados.

La “Ley Olimpia” confirmó su viabilidad legal tras aprobarse por primera vez en nuestro País en 2018 en Yucatán y Puebla, donde se modificó el Código Penal para sancionar a quienes vulneran la intimidad sexual de mujeres a través de medios digitales.

Sin embargo, en Puebla existen casos como el de Jaritza Cruz y Andrea Alducín, las cuales ejemplificaron a Grupo REFORMA un camino de descobijo de autoridades e ignorancia de sus derechos con la “Ley Olimpia”, como lo padecen otras 9 millones de mujeres, según datos del Inegi.

El empuje de colectivas a nivel nacional hizo que apenas el 5 de noviembre el Senado aprobara modificar el Código Penal federal, pero para que la “Ley Olimpia” esté vigente a nivel nacional falta el aval de la Cámara baja.

Una de estas organizaciones es el Frente Nacional por la Sororidad, creado por Olimpia Coral Melo, quien al ser vulnerada por estos delitos, emprendió la lucha legal que se ha replicado. 

‘La Policía fue una pérdida de tiempo’

A Jaritza Cruz, de 23 años de edad, le frenaron las autoridades su deseo de continuar con su denuncia por violencia digital en Puebla capital, narra.

Su primer paso al miedo y desconcierto inició el 21 de febrero de este año, cuando una vecina la alertó por Facebook que la habían vulnerado con fotos en Twitter, y a ella también, pues en dicha página ofrecían el “pack” de Jaritza, con una foto de su rostro como enganche.

“Estas fotos no son desnudos, son fotos de mi perfil, de mi rostro, además de muchísimas más mujeres, pero como ella me reconoció me mandó un mensaje, en ese momento, además de asustarme y sentir ansiedad, chequé la cuenta y la publicación tenía como dos días”, dice.

Decidió actuar, y su primera reacción fue consultar a sus amigos, quienes le recordaron la Ley Olimpia y le pasaron el número de la Policía Cibernética para hacer una denuncia.

“Cuando reviso la cuenta de Twitter me doy cuenta que también está una compañera de la prepa y ambas, temerosas, contactamos a un abogado, viendo la cuenta y los días que llevaban publicadas nuestras fotos”, añade.

La respuesta de la Policía Cibernética, acusa, no fue como lo esperaba, pues un hombre le recomendó no exponerse en redes sociales y proteger de mejor cuenta sus cuentas, porque al no tener a una persona reconocida para denunciar, las autoridades no podían proceder.

“Me dijo que en qué me podía ayudar y llorando le expliqué le situación, le dije: se robaron fotos mías y las están publicando en una cuenta de Twitter y están pidiendo fotos desnuda mías”.

El funcionario de la Policía la intentó calmar, y le preguntó si la cuenta era ‘Quemones Puebla’, ya con previas denuncias en la entidad.

“‘Y qué es lo que piden de ti’, me dijo, ‘pues piden información, piden mis fotos desnuda, que no creo que encuentren pero que están buscando. El hombre me dijo que lo lamentaba pero que él no podía entrar al servidor de Twitter y dar de baja la cuenta, y tampoco eliminar mis fotos”.

En el diálogo que prosiguió vía telefónica, el elemento le preguntó si sospechaba de alguien o había sido amenazada, porque de otra forma, insistió, no podían proceder.

“Me dijo: en dado caso si en esos días no logran bloquear la cuenta y si ya existen fotos tuyas desnuda, donde se vea tu rostro podemos proceder, si no tiene tu rostro no hay manera de comprobar que sea tu cuerpo y que sean tus fotos”, comenta Jaritza.

“De nuestra parte lamento decirte que no puedo hacer más, si quieres seguir con la denuncia tendrás que ir físicamente a un lugar y llevar el nombre de algún sospechoso o ya directamente contra quién crees que descargó esas fotos y las subió, si no la verdad no te van a hacer caso porque como no hay fotos tuyas desnuda no se puede”.

Jaritza advierte que, de volver a ser víctima de este delito, ya no acudirá a la Policía Cibernética, pues prefiere ir directo a hacer uan denuncia, en donde espera que no le intenten dar clases de moral.

“Aparte de que me hicieron sentir mal, sentí que fue una pérdida de tiempo, porque todo lo que me dijeron era algo que ya había considerado, me animaría mejor a acudir a uan instancia física, a la brevedad posible y con algo armado para que me hagan caso”.

La abogada Zuria Romero Ramírez, coordinadora nacional de Incidencia Legislativa en Red de Abogadas Violeta, advierte que en el caso de Jaritza la denuncia sí procedía, ya que se estaba solicitando la imagen de una persona desnuda, de contenido erótico o sexual sin consentimiento de la víctima.

De acuerdo al Artículo 225 del Código Penal del Estado de Puebla, reformado el 10 de diciembre del 2018, comete el delito de violación a la intimidad sexual, quien con el fin de causar daño o la obtención de un beneficio divulgue, comparta, distribuya, publique y/o solicite la imagen de una persona desnuda parcial o totalmente de contenido erótico sexual, por cualquier medio ya sea impreso, grabado o digital, sin el consentimiento de la víctima.

‘Me dijeron que evitara pasar fotos íntimas’

En octubre de 2019, la cuenta de Facebook de Andrea Alducín fue robada y difundieron una fotografía suya en ropa interior entre sus amigos en la red social.

Utilizaron su fotografía para buscar obtener más imágenes íntimas de sus contactos en Facebook, quienes alertaron a Andrea sobre lo que estaba sucediendo con su cuenta.

“Me enteré porque una amiga me dijo que le había llegado de mi Facebook una foto mía en calzones. Intenté entrar a mi Facebook para ver la conversación, pero ya no pude”.

“Varios amigos me contaron que les pedían packs y para convencerlos les mandaban esa foto mía”, relata.

Andrea acudió a la Ciberpolicía de Puebla, con pruebas, para realizar su denuncia, pero le ocurrió algo similar que a Jaritza.

“Lo que me dijeron fue que es imposible saber quién fue, que para evitar que se volviera a repetir evitara pasar fotos íntimas y que activara todos los filtros de seguridad de Facebook para evitar que me volvieran a hackear y ya fue todo”, afirma.

“Eso lo denuncié con las capturas que me mandaron de que les mandaban mi foto a cambio de desnudos y no me resolvieron nada”.

Pese a la primera experiencia negativa con las denuncias, una nueva cuenta de Andrea en Facebook fue hackeada con el mismo modo de operación, al igual que la de, aproximadamente, 20 amigas y conocidas suyas, por lo que volvió a realizar la denuncia.

“Solo me tomaron mis datos y cuando publicaron mis fotos que les dije que me sentía amenazada y que quería dar con el responsable y que tuvieran consecuencias sus actos me dijeron que no era posible que tenían que demandar todas para dar un seguimiento de ese modo”.

Andrea denunció en tres ocasiones diferentes la distribución de sus fotografías, la tercera a través de Twitter; ninguna de las veces obtuvo una respuesta favorable.

“Ni me hicieron sentir más segura ni resolvieron mi caso, hasta se volvió a repetir. No sé cuál fue la diferencia de denunciar y pedirle a mis amigos que reportaran la cuenta”.

Andrea cuenta que en Puebla había mucha información y revuelo por la “Ley Olimpia” cuando sufrió el primer ataque, en 2019, por lo que pensó que su denuncia tendría más peso, pero no fue así.

El cobijo de las colectivas

Para que las mujeres que han sufrido violencia digital no pasen por el proceso solas, existen diversas colectivas, frentes, redes y asociaciones que brindan apoyo psicológico, legal y aconsejan a las víctimas para realizar las denuncias y que los casos no queden impunes.

El Frente Nacional por la Sororidad, creado por Olimpia Coral Melo, activista y víctima de violencia digital cuyo caso inició, por ella misma, un proceso para tipificar este tipo de violencia, además de dar acompañamiento a víctimas ha tenido un papel muy importante en el aval a la ley en diversos estados.

“Siempre en nuestro trabajo procuramos que sea primero de base y después que suba, es decir nuestros primeros contactos procuramos hacerlos siempre con colectivas, con mujeres que hayan sido víctimas en un estado, con grupos feministas y se habla del tema, nos nutrimos, escuchamos las peculiaridades según el contexto de cada estado para después proponer, ya sea por vía ciudadana o contactando a alguien en el Congreso, la iniciativa”, comenta Marcela Hernández, quien es el primer contacto de atención a víctimas en el Frente.

“Además, tenemos una metodología muy clara de acciones antes, durante y después de la aprobación de la Ley Olimpia en los Congresos”.

El trabajo del Frente incluye concientización, sensibilización y lograr que los funcionarios adopten el compromiso de la divulgación y legislación de la ley tras las reformas.

“Si no no pasa nada, queda en letra muerta, nada más parece que se cuelgan una estrellita, una medallita, el diputado, diputada que lo haya propuesto, pero no trasciende, no cumple el objetivo de beneficiar a las víctimas”, recalca.

Marcela comenta que ellas son la primera instancia, antes que el Ministerio Público, de muchas chicas víctimas de violencia digital, por lo que buscan referirlas con los contactos que se logran después de la aprobación en cada estado, ya sean abogadas, psicólogas o defensoras en general.

“Muchas veces pasa que las chicas van al Ministerio Público y les dicen que ahí no les pueden recibir eso porque ellos no reciben ese tipo de casos, les decimos: es un delito que está en el código del Estado, obviamente cualquier Ministerio tiene que recibirlas, pero les dicen que no, que eso no es delito o ni siquiera están enterados de que ya es un delito”, indica Marcela.

“En el inbox de la página de Facebook del Frente Nacional por la Sororidad diariamente recibimos, por lo menos, cinco nuevas denuncias y el número ha aumentado considerablemente a raíz de la pandemia”.

“Teníamos como promedio, al inicio de la pandemia, en abril, mayo, nos llegaban dos denuncias diarias y aumentó hasta a ocho en los meses de pandemia”.

Marcela recomienda a víctimas la preservación de todas las pruebas de la violencia: no borrar ninguna conversación ni foto, tener capturas de pantalla, guardar links, y tener un orden cronológico de los hechos; luego fortalecer contraseñas, hacer identificación en dos pasos y quitar contenido público.

“También recordarles que no dejen la denuncia ahí, nada se hace solo, ellas necesitan darle seguimiento y dar seguimiento muy puntual, colaborar, sí es un derecho, pero también si quieren acceder a la justicia es una responsabilidad coadyuvar con la investigación y autoridades”.

La abogada Zuria Alejandro Romero Ramírez, integrante de la Red de Abogadas Violeta, coincide en que aunque la ley ya está en vigor, queda mucho por hacer.

“Muchas veces los Ministerios Públicos siguen con un pensamiento muy machista y esto muchas veces impide que se pueda llegar a la justicia porque muchas veces revictimizan a las mujeres”, opina.

Desde que comenzó el confinamiento por Covid-19, la Red de Abogadas Violeta ha atendido a cuatro mujeres por semana que buscan asesorías tras ser víctimas de violencia digital.

“(La víctima) tiene que saber que no está sola, ahorita estamos al pendiente muchas personas, tanto abogadas como no abogadas, yo creo que el acompañamiento, el apoyo moral, que sirve mucho”, resalta Romero.

“Que no tenga miedo de buscar la justicia porque la merece y está en todo su derecho de decidir qué es lo que ella quiere y decidir qué es lo mejor para ella como persona en su contexto, psicológico, legal y económico”.

Activistas reconocen que el camino todavía es largo, pero piden a víctimas de violencia digital a no quedarse calladas y denunciar a sus agresores.

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