Política de principios

Por Juan José Rodríguez Prats

El sector energía

A los mexicanos nos resulta difícil cambiar, corregir, reconocer los hechos. Nos aferramos con fervor a nuestros hábitos y creencias. Carecemos de capacidad para adaptarnos a los nuevos tiempos. Es una de las causas que explican la profunda brecha entre el México real y el México legal.
La mayor resistencia al cambio está en la autodenominada izquierda. Bastaría asomarse a lo acontecido en las últimas décadas para confirmarlo. Aferrados a viejos dogmas del nacionalismo revolucionario, la actitud ha sido invariable. Analicemos el marco jurídico del sector energía.
En el Constituyente de 1856-57 se incorporó el primer principio de economía política, al reservarse el Estado dos áreas como exclusivas de su competencia: la acuñación de moneda y el correo. Se consideraban monopolios naturales. En el resto de actividades se permitía y se estimulaba la inversión privada nacional y extranjera. Un producto claro de la ideología liberal.
En el Constituyente de 1916-17 y años posteriores, se incurrió en ambigüedades e imprecisiones. Lo social se confundió con lo estatal y el sector público asumió el papel de empresario. Para, en teoría, garantizar su mejor desempeño, se prohibió la competencia.
En el gobierno de Miguel de la Madrid se creó el concepto (complejo y confuso) de áreas estratégicas y, como consecuencia, exclusivas del Estado. Al final de ese gobierno, en contraste, México ingresó al Acuerdo General sobre Aranceles Aduanales y Comercio (GATT), incorporándose a la globalización.
Carlos Salinas de Gortari dio el gran viraje. Se incorporaron, con resultados probadamente exitosos, esquemas de inversión privada en la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica. Desafortunadamente, las reformas se interrumpieron en el gobierno de Ernesto Zedillo y se obstruyeron los intentos de los gobiernos panistas, soslayando el interés superior de la nación.
El diagnóstico era negativo. A pesar de haberse sostenido por décadas que la prioridad era el fortalecimiento de la soberanía, la dependencia en todo el sector de la energía era y continúa siendo profunda y grave.
Por fin, al inicio del gobierno anterior, se cancelaron las prohibiciones a la inversión privada y se fortalecieron organismos autónomos con las correspondientes regulaciones para un mercado competitivo, tanto en electricidad, como en hidrocarburos y sus derivados. Siguiendo nuestras viejas tradiciones y sin aprender las lecciones del pasado de desechar lo inservible, ahora estamos retrocediendo.
Se denuncia con estridencia y alboroto que (después de décadas de prolongados y ríspidos debates con ingredientes desde ideológicos hasta sentimentales) las adhesiones necesarias se obtuvieron mediante el soborno. De ninguna manera propongo que no se investiguen ni se sancionen. Pero mucho me temo, y las intenciones y decisiones del Ejecutivo federal son palpables, que retornemos a empresas subsidiadas con cifras de horror en un mal entendido y ya difunto nacionalismo que ha dañado seriamente las finanzas públicas.
Concluyo con una digresión personal. Como senador y diputado (1997-2009) me sentí frustrado. Presenté iniciativas y di un intenso debate en lo que estoy convencido es bueno y necesario para México. Nadie puede negar la necesidad de inversiones, ya sean públicas o privadas, pero todos conocemos las serias limitaciones que enfrenta el gobierno y su suicida empecinamiento en proyectos inviables.
El desastre es descomunal, somos más dependientes, contaminamos el ambiente y las finanzas estatales van a la quiebra.
El principio liberal del Constituyente más lúcido y más consciente de su tarea, el de la generación de Juárez, se perfila más útil y eficaz que nunca: tanta sociedad como sea posible, tanto Estado como sea necesario; tanto mercado como sea posible, tanta regulación como sea necesaria. Está reiteradamente probado. Ojalá prevalezca la responsabilidad y el auténtico patriotismo.

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