Opinión

Por Carlos M. Urzúa

El inicio de la rebelión de los gobernadores

El estilo personal de gobernar de Andrés Manuel López Obrador, autoritario y unidimensional, lo lleva a tomar decisiones erróneas que son tan solo producto de la obcecación o el desconocimiento. El ejemplo más reciente es su renuencia a felicitar por su triunfo electoral a Joe Biden. Cercana ya la votación definitiva del Colegio Electoral estadounidense, Biden tiene hasta el momento 306 votos electorales contra apenas 232 de Donald Trump. En las elecciones presidenciales de 2016, Trump tenía, en la misma etapa electoral, justo también 306 votos electorales contra 232 de Hillary Clinton. Pero con una diferencia: Biden aventaja a Trump con cerca de seis millones de votos, mientras que en 2016 Trump obtuvo casi tres millones de votos menos, no más, que Clinton.
El resbalón anterior palidece, por supuesto, ante otros errores por parte del Palacio Nacional que son de mayor relevancia. El de más envergadura lo constituye, sobra abundar al respecto, la serie de traspiés que se han estado cometiendo al no enfrentar decididamente la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia, así como al no combatir de manera efectiva la consecuente crisis económica. Esa incapacidad gubernamental frente a la epidemia de la Covid-19 acabará por ser recordada como la mayor mancha de este sexenio.
Aunque no tan grave, pues no involucra la pérdida de vidas humanas, hay otro asunto de importancia que también espera ser resuelto antes de concluir el sexenio: la falta de fondos públicos tanto a nivel federal como estatal y municipal. El sistema fiscal vigente no da para más. Como un ejemplo de ello, toda la recaudación que se obtiene por concepto del Impuesto al Valor Agregado ya no alcanza ni siquiera para pagar las pensiones vigentes, sean éstas contributivas (las del IMSS, por ejemplo) o no contributivas (las de apoyo a los adultos mayores).
El asunto de la falta de fondos públicos es por mucho el motivo principal de la disputa que ya inició entre el Palacio Nacional y la llamada Alianza Federalista, la cual reúne a gobernadores de diez estados de la República: Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas. Se equivoca el presidente, otra vez, al calificar esa rebelión como mera politiquería derivada de las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 6 de junio.
La variable electoral es y será, por supuesto, siempre importante en la arena pública, malo sería que no lo fuera (viviríamos en una dictadura si no). Pero el meollo del asunto no es electoral, es financiero. De acuerdo con el recién aprobado Presupuesto de Egresos de la Federación, el próximo año las entidades federativas recibirán, en términos reales, 9% menos de lo que estaba presupuestado para este año. Habrá una reducción tanto en las participaciones federales, las aportaciones con fines específicos y los convenios de colaboración.
Pero eso es en papel, porque por desgracia el recorte acabará siendo probablemente mayor. Esto porque el gobierno federal infló sus ingresos esperados para 2021 y, aunado a ello, porque ya ordeñó el fondo que podría ser usado para transferir recursos a las entidades en caso de una pérdida en los ingresos federales. La siguiente semana se comentará sobre la única vía posible para resolver el problema.

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