Número cero

Por José Buendía Hegewisch

FGR, una coladera en caso Odebrecht y EPN

La fuente de información más potente de los casos emblemáticos de corrupción para juzgar expresidentes, funcionarios de gobiernos anteriores y exlegisladores, como el expediente Odebrecht, fluye por ministerios públicos porosos y abiertos por las fugas. La Fiscalía General de la República no se ve que avance hacia ese cuerpo sólido que prometía su autonomía para poner a salvo a la justicia de la politización y el reflector mediático. Por el contrario, es una coladera. Su operación camina sobre los mismos pasos de la filtración, la delación y el pitazo que sirven para comprar y vender impunidad mediante la divulgación indebida de informaciones confidenciales de las carpetas de investigación.

Precisamente, las averiguaciones judiciales sobre las tramas de Odebrecht se mueven en el viejo estilo de dejar escapar informaciones que, una vez en la opinión pública, ponen a los implicados sobre aviso y juegan contra el éxito de la justicia. Por ejemplo, esta semana trascendieron nuevos datos de los sobornos de la constructora brasileña al gobierno de Peña Nieto y la intención de la FGR de presentar acusaciones en su contra y en la  de Luis Videgaray por cohecho y traición a la patria en relación con el caso. Desde que se dio a conocer, en julio pasado, la declaración ministerial de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, no deja de haber filtraciones que indican que el exmandatario y su más cercano colaborador están en la mira de la justicia, pero sin que el cerco se cierre en un tribunal.

Los implicados lo saben y esas filtraciones les permiten conocer las líneas de investigación de la FGR para imputarlos por delitos muy graves desde la campaña electoral de 2011 hasta el fin de su gobierno en 2018, pero no parece que conduzcan a un juicio inmediato. Al menos no antes de que se cuezan largo tiempo en la hoguera del reflector público hasta la consulta sobre el juicio a expresidentes. Aunque ambos guardan silencio, no dan señal de nerviosismo a juzgar por la divulgación de Tania Ruiz en Instagram de frases de amor eterno y el anillo que recibió de su novio Peña Nieto como si fuera la respuesta a las acusaciones de ese mismo día.

Mientras la FGR pareciera buscar la detención al menos de Videgaray, el Presidente nuevamente envió mensajes tranquilizadores para los expresidentes. Tras las filtraciones, una vez más salió a deslindar a su gobierno de acusaciones contra sus antecesores e insistir en la consulta para decidir si se juzga, por primera vez, a un expresidente en el país, aparte de los caminos legales. La ruta cruzada de la política y la ley es más que confusa. De la FGR se escapan acusaciones tan graves como señalar que Peña Nieto tenía “su propio aparato criminal” para corromper a colaboradores como Videgaray y Lozoya, así como a exlegisladores del PAN y del PRI, con los sobornos de Odebrecht para la reforma energética y beneficiarse de abrir el desembarco de empresas extranjeras a la industria. Los discursos paralelos entre la FGR y Palacio Nacional son tales que el pasado 3 de noviembre López Obrador confirmó que un juez rechazó detener a Videgaray e inmediatamente después la fiscalía negó la versión y dejó correr rumores sobre las acusaciones que presentó y que trascendió hasta esta semana.

Las filtraciones pueden provenir de distintos sitios del poder judicial o la fiscalía, pero hay menos dudas de que los beneficiarios son los implicados que conocen de las acusaciones antes de ser citados por un juez para prepararse o, en su caso, escapar a una posible detención. Así como el gobierno, que recibe municiones para mantener encendido el escándalo en cada mañanera con nuevas informaciones sobre el uso de los sobornos de Odebrecht contra López Obrador en 2012 o de declaraciones ministeriales de testigos de la compra de legisladores del PAN y del PRI.

La persistencia de la vieja práctica, lejos de servir a transparentar la justicia, habla de su politización y de la falta de control del fiscal sobre el manejo de la información confidencial. Las fugas sólo se pueden explicar porque en la dependencia permanecen funcionarios que deben favores a anteriores gobiernos o debido a que la fiscalía mantiene una comunicación muy fluida con el Ejecutivo para administrar los escándalos en menoscabo de su autonomía. ¿Usted qué opina?

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