Retrovisor

Por Ivonne Melgar

El que proteste es fifí

Quizá se resignaron a la austeridad. O hubo exageración en las advertencias de sus estragos.
Lo cierto es que las inconformidades de 2018 y 2019 en torno a los castigos presupuestales se han ido diluyendo hasta llegar a las escenas que esta semana registramos en una Cámara de Diputados donde la mayoría de Morena siguió recortando recursos sin temor al reclamo de los supuestos agraviados.
A diferencia de los dos años anteriores, cuando centenares de campesinos acamparon a las afueras de San Lázaro, esta vez sólo quedó el pronóstico de calamidades que hicieron legisladores como Eraclio Rodríguez Gómez (PT), quien alertó de la falta de crédito agrícola y del descobijado sistema de sanidad. Y Brasil Acosta Peña (PRI), dirigente de Antorcha Campesina, que dijo sufrir el uso político de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) al congelarle su cuenta bancaria.
¿Está en riesgo el campo o sólo son quejas de quienes se resisten al cambio? Es muy pronto para saberlo. Pero la ausencia de protestas es un indicador favorable al gobierno.
La misma duda aplica para el Fortaseg, el enterrado programa para fortalecer la seguridad pública de los municipios. La justificación oficial de la eliminación de los cuatro mil millones de pesos fue que éste era un nicho de corrupción porque los alcaldes no comprobaban los recursos.
Pero las quejas de la oposición de que ese recorte favorecerá la militarización, debilitando a las policías locales, también fueron manifestadas por representantes de Morena y sus aliados del PES, PT y PVEM.
Surge entonces otra duda sobre la ausencia de protestas. ¿Por qué los legisladores no se organizaron para defender esos recursos?
Algunas posibles respuestas: la Cámara es una oficialía de partes; el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, tenía instrucciones de no dejar pasar cambios al proyecto de presupuesto 2021; los morenistas no quieren contradecir al presidente López Obrador.
Lo cierto es que en una causa que sumaba a decenas de diputados, la mayoría legislativa resolvió dejarle la protesta a la oposición y centrarse en descalificar como separatistas, golpistas y goberladrones a los integrantes de la Alianza Federalista, con dedicatoria a Enrique Alfaro (Jalisco), Silvano Aureoles (Michoacán), Francisco García Cabeza de Vaca, (Tamaulipas) y Javier Corral (Chihuahua).
Ante la sordera, Mario Rodríguez Carrillo (Movimiento Ciudadano), con evidente desesperación, preguntó: “¿No hay posibilidad de diálogo? ¿Está agotada esa ruta?”.
La respuesta es afirmativa. Porque como lo aclaró Adela Piña (Morena), su bancada legisla para el proyecto del presidente López Obrador, quien califica de adversarios, conservadores y neoliberales a quienes cuestionan sus decisiones.
Y si protestar es sinónimo de resistirse al cambio, los legisladores de la autoproclamada Cuarta Transformación prefieren deponer sus atribuciones constitucionales en el reparto del gasto, antes que compartir causa con los cotidianamente defenestrados en Palacio.
Esa satanización de la protesta va más allá de la consigna partidista: involucra a sectores tradicionalmente críticos con el poder, pero que ahora constituyen parte de la base social de López Obrador, a quien acompañaron en sus campañas.
Es el caso de la comunidad cultural a la que le cercenaron mil 300 millones de pesos para dárselos al proyecto Chapultepec y cuyos pálidos reclamos parecen asumir estoicamente su cuota de sacrificio, en aras de un cambio en el que el grueso de los artistas y creadores confían.
En los hechos, ese gremio también renunció a la protesta, limitándose a mandar cartas que pedían reconsiderar lo mal que la están pasando los artistas. Y al igual que ellos, la Cámara de Diputados se cruzó de brazos cuando Sergio Mayer (Morena) solicitó que el presupuesto del futuro Central Park mexicano se compartiera con los programas estatales, el INBAL, Imcine, Radio Educación, Estudios Churubusco y Canal 22, entre otros rubros castigados.
Porque esta vez nadie quiso protestar y hasta los Oscar mexicanos callaron frente a la promesa incumplida del gobierno y de Morena de que el apoyo a la industria del cine seguiría, a pesar del fin de Fidecine. Ningún tuit de Guillermo Del Toro ni de Alfonso Cuarón. Lejos quedaron las mortificaciones de mayo ante el anuncio concretado de que morirían 109 fideicomisos.
De manera que, por primera vez en la historia reciente, los diputados aprobaron el presupuesto sin protestas de por medio.
Se dirá que son los costos del covid-19.
Pero me temo que, a dos semanas del segundo aniversario del gobierno de López Obrador, contamos con la documentable sospecha de que ese inédito silencio es síntoma del éxito que ha tenido su estrategia de demonizar la protesta.

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