Con CFE el carbón regresa al pasado

Palaú, Coah.- La visita del Presidente López Obrador, advierten deudos de Pasta de Conchos, conlleva la urgencia de lograr la firma de una “solución amistosa” con las familias agraviadas, para evitar que una inminente condena de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recaiga sobre su gobierno, pero es muy difícil que lo logre, porque la situación actual en la carbonífera viola un acuerdo básico, el de “no repetición”.

Refieren que a partir de los pedidos colocados por Manuel Bartlett desde la CFE, la suma de irregularidades toleradas en cuevas y pozos de carbón generan una situación peor que la existente en 2006 y pasan por encima de uno de los compromisos centrales acordados por el Presidente con las familias, una mayor atención del Estado para hacer cumplir la seguridad en todas las minas.

“Volvimos a lo mismo, inseguridad y abusos iguales como los que Grupo México tenía en Pasta y que en general la mayoría de los empresarios acostumbran, algo que cuando firmamos un compromiso en Palacio Nacional, el mes pasado, el Presidente aseguró no se repetiría y ya vemos que se está repitiendo”, afirma Elvira Martínez, una de las viudas.

De acuerdo con su explicación, la “no repetición” implica, entre otras cosas, el fortalecimiento del control por el gobierno sobre las minas, especialmente los pozos y cuevas de arrastre, a fin de asegurar que cumplan la normatividad en materia de seguridad, operen con equipo verificado, se dote a los trabajadores de todo el equipo de protección necesario y se respeten integralmente sus derechos laborales y de previsión.

Señala que a través del colectivo Organización Familia Pasta de Conchos han luchado por lograr una mayor responsabilidad del Estado en la supervisión y el control de las minas, “pero ahora vemos que las cosas van para atrás, porque lo que se había logrado paso a paso, en muchos años, desaparece en unas semanas y ni siquiera hay inspectores y los pocos que quedan no tienen ni para la gasolina”.

Elvira, una de las más activas integrantes de la agrupación de familiares que coordina su accionar con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, refiere que funcionarios federales buscaron anular el compromiso de rescate de los cuerpos a cambio de una indemnización. Finalmente, ante el rechazo de las familias, el intento fue revertido por el propio Presidente, al asegurar ambas cosas.

“El rescate no depende de la voluntad del Presidente, es una obligación que viene de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que tuvimos que acudir cuando en México se nos cerraron las puertas y siempre topamos en pared. Ahora les urge que firmemos una solución amistosa para presentarla a la Comisión y detener el proceso, pero no lo haremos si no vemos avance en las obras físicas para el rescate y que se cumpla lo de la no repetición”, asienta.

En el mismo sentido, Cristina Auerbach, directora de la organización, señala que al caso Pasta de Conchos fue admitido por la CIDH a partir de la responsabilidad del Estado, que no cumplió su obligación de vigilar y garantizar la aplicación de las normas, no ha investigado el siniestro, no ha determinado ni sancionado responsables “y, como los anteriores, parece proteger a Grupo México”.

“Además, como se ha estado denunciando en días recientes, se ha vuelto a lo mismo al permitir que tras la cuestionada colocación de pedidos por la Comisión Federal de Electricidad, se reabran minas que no cumplen en lo más mínimo con las regulaciones de seguridad, mientras las autoridades son omisas en su obligación de controlar y sancionar”, agrega.

Advierte que “gente del gobierno pensó que a las familias solamente les interesaba una buena indemnización y no parecen entender la lucha de casi 15 años para que tragedias como la de Pasta de Conchos no se repitan, pero vemos una y otra vez, como ahora, que los gobiernos son laxos en el cumplimiento de sus responsabilidades”. (Con información de INFONOR)

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