Opinión

Por Javier Aparicio

Tres estampas del presidencialismo

El pasado jueves, por una estrecha mayoría de seis votos contra cinco, la Corte consideró que la materia de la consulta era constitucional

En una semana hemos sido testigos de tres episodios preocupantes sobre el estado de la democracia en México. Uno: la sentencia de la Suprema Corte sobre la consulta popular propuesta por el Presidente. Dos: la errática conducta del Tribunal Electoral sobre renovar la dirigencia de Morena mediante encuestas —tal y como lo sugirió el Presidente—. Tres: el trámite que está dando la Cámara de Diputados al dictamen que propone extinguir más de cien fideicomisos públicos sin mucho mayor argumento que cumplir una promesa presidencial.

El pasado jueves, por una estrecha mayoría de seis votos contra cinco, la Corte consideró que la materia de la consulta era constitucional. El proyecto de sentencia original, apoyado por la minoría de ministros, argumentaba que la propuesta presidencial era todo un “concierto de inconstitucionalidades”. La mayoría, sin embargo, pensó lo contrario. Paradójicamente, la pregunta originalmente planteada tuvo que ser revisada para darle un sentido completamente distinto al de la pretensión presidencial.

Si la materia de la consulta era constitucional, ¿por qué tuvieron que reescribirla completamente? ¿Por qué no desecharla, tal y como ocurrió con tres propuestas de consulta popular sometidas a la Corte en 2014, igualmente apoyadas por miles de firmas ciudadanas? ¿El Presidente de la República —o bien el equipo de su consejería jurídica— necesitaban que la Corte supliera las carencias de su propuesta original? ¿Por qué se aprobó una consulta que no vincula con claridad a ninguna autoridad para hacer nada que no pueda hacer ahora mismo? ¿Por qué el ministro Arturo Zaldívar pudo defender con vehemencia el orden constitucional frente a la Ley Bonilla, pero prefirió no hacerlo frente a esta consulta?

En columnas anteriores discutí diversas razones, tanto técnicas como legales, por las cuales la sentencia del Tribunal Electoral que ordenaba al INE realizar una encuesta para renovar la dirigencia de Morena era sumamente problemática. Vaya, por principio de cuentas, los estatutos de Morena no permiten elegir dirigentes mediante encuesta, ni la ley permite al INE realizar elecciones internas cuando los procesos electorales están en marcha. No obstante, el Tribunal no sólo ordenó la encuesta de marras, sino que cambió las reglas del proceso una vez que se había cerrado el registro de candidaturas. Peor aun, apenas este fin de semana, el Tribunal consideró cancelar y posponer todo el proceso, justo cuando las encuestas estaban siendo levantadas.

¿Qué pasó entonces con la supuesta urgencia por renovar la dirigencia y proteger los derechos de la militancia? ¿Alguien estaba preocupado por el posible resultado de las encuestas y prefería cancelarlas antes de que se diera a conocer? ¿Cómo interpretará cada partido político, ya sea opositor o aliado del gobierno, una aparente intromisión del Tribunal en la vida interna del partido en el gobierno?

La tercera estampa tiene que ver con el Congreso. Esta semana se discute un importante dictamen que busca transferir multimillonarios recursos de más de cien fideicomisos públicos a la Tesorería de la Federación, al tiempo que ordena extinguirlos definitivamente. Vale la pena recordar que la mayoría de los fideicomisos que se pretende extinguir fueron fondeados años atrás con recursos presupuestales reservados por odiosos gobiernos neoliberales, pero, que, en su mayoría, hoy son administrados por el gobierno actual.

Este decreto, ¿implica que alguien desconfía de la lealtad o capacidad de sus propios funcionarios? Si se pretende combatir la corrupción, ¿por qué buscan transferirlos de un ámbito más regulado a uno mucho más discrecional? De prosperar la medida, recursos y capacidades, que tomó años reservar para fines específicos, serán gastados de manera discrecional en un solo año, sin que sea claro cuándo o cómo podrán restablecerse figuras o fondos similares.

Si la medida es tan deseable, ¿por qué la Cámara se ha quedado sin quórum dos veces durante su discusión en el pleno? Recordemos que la coalición de Morena cuenta con más del sesenta por ciento de los escaños.Comparen por un minuto la actitud de los diputados y diputadas que rompieron quórum, votaron en contra o se abstuvieron en vez de apoyar un dictamen regresivo, con la complacencia observada en el Poder Judicial. ¿En qué momento debemos preocuparnos por el regreso del presidencialismo? ¿Alguna vez se fue?

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