Número cero

Por José Buendía Hegewisch

Derroches de poder de López Obrador

Las votaciones en el Congreso y en la Corte dejan ver una exhibición de poder del presidente López Obrador. En un derroche de poder, sus palabras se han vuelto política pública. Las leyes, la jurisprudencia y la política se confeccionan desde Palacio Nacional con su discurso y el inmenso recurso del control de las cámaras, lo que a su vez le permite extender influencia al poder judicial. La alineación de la Cámara de Diputados y del máximo tribunal constitucional con su proyecto es una muestra clara del uso de todos los mecanismos a su alcance para consolidar el ejercicio del mando fuerte que le dieron las urnas.

Esta ha sido una de las semanas más exitosas para el Presidente con un fallo dividido de la Corte a favor de la consulta para juzgar a los expresidentes, el aval del Congreso para entregar los puertos a los militares y el voto de los diputados a la extinción de los fideicomisos. Las tres iniciativas de gobierno son pilares de la configuración de su estructura de poder: control de la narrativa y la discusión pública, extensión de la influencia militar en el ámbito civil y recursos para gastar discrecionalmente en la crisis económica.

Sobre todo, el visto bueno de la Corte a la consulta puso en manos del gobierno un poderoso vehículo simbólico para tener acorralados a sus antecesores del PRI y de PAN el resto del sexenio. Desde ahora, Calderón o Salinas deben pensar diario por cuales causas los juzgarán, aunque el Presidente lo que busca es mantener viva la memoria de agravios en un juicio sumario y popular a los gobiernos del pasado que tendrá poco que ver con un proceso judicial. En pocas palabras, eso significó la defensa del presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, de la función política de la consulta y la justificación de su voto porque el máximo tribunal no puede cerrarse a la participación ciudadana, en línea con el reclamo que le hizo el Presidente a la Corte desde la mañanera. “La independencia de la Corte no depende de si le da o no razón al Presidente”, aunque el derroche del poder de la palabra Presidencial lo deja en entredicho.

El avance del fallo, en una corte partida a la mitad entre la justicia y los justicieros, mostró hasta dónde las instituciones se alinean con el discurso Presidencial que funciona como la real política pública. Así, el peso de la presión de sus palabras, aunque hubo magistrados como Norma Piña que se resistieron al poder del encantador de serpientes para acusar presiones, pero sin atreverse a identificar al remitente. Parece no haberlas, bastó con el peso el discurso, y de ahí la gravedad.

No obstante, la Corte trató de zafarse de la argumentación sobre la inconstitucionalidad de la consulta del ponente del dictamen, Luis María Aguilar, con una pregunta que deja afuera la mención de los expresidentes del objeto del ejercicio, como si con ello despejara el camino legal para usar un instrumento político como requisito de la justicia. A la Presidencia no le preocupó su reformulación, al contrario, le da pie para ventilar todas las decisiones de sus antecesores como causas de juicio en la plaza pública y banderas de campaña en las elecciones intermedias de 2021. El gobierno recibió un reflector para mantener el foco de la atención pública en el juicio diario al pasado, un recurso que ha empleado excesivamente en un derroche de poder que, sin embargo, desgasta a los contrapesos institucionales como el Congreso y la Corte. Y que también desdibuja a un gobierno en el que la política pública se concentra en el discurso Presidencial o cuando cede su ámbito a la influencia de los militares por la incapacidad de las instituciones civiles de combatir la corrupción en su interior.

Nadie podría oponerse a acabar con intocables en el poder y llevar a juicio a quienes a su amparo cometieran crímenes, pero ese propósito no se consigue con entregar a los expresidentes sólo al clamor popular de una consulta que no sea obligatoria para fiscalías y poderes judiciales. Nadie rechaza el uso opaco y discrecional de 109 fideicomisos, pero tampoco aceptar su extinción en el Congreso para dejarlos al uso libre y prudencial potestad gubernamental. Eso también es un derroche de poder.

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