Opinión

Por José Buendía Hegewisch

La estrategia de encapsular el conflicto

La estrategia del gobierno de la 4T ante los conflictos sociales que se le acumulan en el horizonte es encapsularlos en confrontaciones que limitan las respuestas oficiales a monólogos y prejuicios. Es un camino riesgoso porque sacrifica la interlocución con movimientos de mujeres, gobernadores de oposición, el mundo de la ciencia y la cultura, a cambio de no poner en juego sus políticas con otras necesidades que estén fuera del radar de sus prioridades. Coloca las protestas o inconformidades en envolturas maleables para protegerse de sus demandas y críticas, pero lejos de que el envase aislante del discurso oficial sirva para aplacarlas conduce a atizar el fuego.

Querer desactivar así los conflictos recluye al Presidente y los gobiernos “morenistas”, como el de la CDMX, en esa parte de las naves espaciales donde se aíslan los tripulantes para cubrir o envolver su discurso con incomunicación de los problemas y descalificación de los cuestionamientos. Y finalmente, tratar de controlar la inconformidad con la amenaza de la fuerza pública, como sucedió en la capital con las marchas de mujeres o en Chihuahua en la toma de la presa La Boquilla, y que se extiende a la implantación de los militares en puestos claves de la administración civil.

Un ejemplo del funcionamiento de la estrategia fue el operativo para desacreditar, aislar y desactivar a las mujeres que pretendían llegar al Zócalo para manifestarse por el aborto legal como hacen cada 28 de septiembre desde que se despenalizó en la capital. El Gobierno de la CDMX buscó encapsular el movimiento de mujeres, primero, con la acusación de recibir apoyo de GINgroup para afectar a los gobiernos de la 4T como una manipulación de los “factureros” y luego con las denuncias de provocadores infiltrados violentos en las marchas para justificar el uso desproporcionado de la fuerza para encapsularla. Una versión que reforzó López Obrador y reprodujeron las redes sociales con el hashtag “no me representan” hacia los grupos que tomaron la CNDH del Centro Histórico.

La “provocación fue del Estado”, responde el colectivo de mujeres. Detrás de la escalada hay un achicamiento de espacios de diálogo como estrategia para reducir la agenda de demandas contra la violencia de género y el feminicidio a la revisión de los casos de las víctimas de las familias de la CNDH. Un tema central, sin duda, pero es lo único que hay sobre la mesa de discusión que abrió el gobierno de la CDMX a las feministas tras las presiones. En el encapsulamiento de la polarización, la interlocución es un fruto seco en las cavidades del conflicto que van almacenando el enojo y la frustración, como ocurre también con los productores de Chihuahua en la lucha por el agua o en el mundo de la cultura y la ciencia por la desaparición de fideicomisos.

Otras muestras son la queja del gobernador Javier Corral de que el Presidente no le toma la llamada en la crisis del agua en Chihuahua y de mandatarios de oposición que reclaman que en sus giras no hay lugar para hablar de los problemas de la entidad o programas que supongan demandas de recursos o cuestionamiento de sus políticas. La repuesta a creadores y científicos sobre la eliminación de apoyos es que los fideicomisos sirvieron a la corrupción, dispendio y despilfarro.

Pero el propio Presidente delineó el marco de esa estrategia en julio pasado cuando advirtió que “es tiempo de que cada quien se ubique en el lugar que le corresponde, porque ya no hay para dónde hacerse, o se está con la transformación o se está en contra de la transformación”. De ahí en adelante pareciera creer que puede emplear el encapsulamiento para evaporar los conflictos al contacto de la calentura de la protesta o el rechazó a sus decisiones políticas.

Sin embargo, cuando las sociedades se polarizan se pierde capacidad para percibirlas más allá del discurso de descalificación o conspiración. El riesgo mayor es asilarse de los problemas que no caben en el guion de sus decisiones políticas y confinar los conflictos en el cartabón de los afectados por sus cambios. La 4T tiene la obligación de garantizar la gobernabilidad, pero eso no se logra con la fuerza pública y sin diálogo, menos con una narrativa que deja fuera la legitimidad de las posiciones inconformes.

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